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Litigiosidad indebida: la industria del juicio
Buenos Aires, Miércoles, 02 agosto a las 12:04:46

Algunas estadísticas muestran que uno de cada cinco médicos argentinos enfrenta demandas por mala praxis; o sea que 20.000 de los 100.000 profesionales matriculados fueron acusados por presunta negligencia en la práctica de su oficio. También las prepagas y obras sociales se ven amenazadas por juicios indiscriminados. Seis de cada diez médicos contrataron pólizas de seguro, al igual que la mayoría de los centros médicos. Las razones de un nuevo negocio.


Según la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de la Argentina ADECRA, el 20% de los 100.000 médicos matriculados en el país tiene una acción penal o civil por responsabilidad profesional. Según algunas estimaciones sólo entre el 20 y el 25 % de las demandas promovidas por responsabilidad profesional tienen sentencia favorable.
“En una primera aproximación se denomina litigiosidad indebida al conjunto de acciones judiciales en las que se pone en juego la responsabilidad profesional de los médicos. Estas acciones carecen de mínimos estándares de seriedad y de fundamento científico y jurídico, lo que las constituye en meras aventuras judiciales con el único y exclusivo propósito de obtener réditos económicos. Es decir, es un grupo de acciones que no tienen sustento científico, que no cumplen la mínima racionabilidad para que se convierta en una acción judicial y que es en definitiva una aventura. Sin embargo, dentro de este término debe incluirse no solo la imputación de responsabilidad profesional infundada, sino también la ilimitada e irrazonable extensión de la cobertura prestacional que brindan las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, en lo que comúnmente se denomina la judicialización de las prestaciones médicas, donde se pone de relieve el interés individual sobre el interés colectivo comunitario de la sociedad vinculada, propio de los sistemas de la seguridad social”, explica el Dr. Horacio Martínez, abogado.
Como en todas las situaciones judiciales existe un beneficiado pero en este caso es difícil circunscribirlo a un sector determinado, lo cierto es que esta nueva industria del juicio vino a reemplazar a aquella a la que se vio sometido el sector empresario con la despiadada actividad judicial por el tema de accidentes de trabajo, que logró el cierre y la desaparición de innumerables fuentes de trabajo para nuestra población, y que hoy lamentablemente vuelve a tener vigencia. “En este negocio de los juicios participan abogados, peritos, médicos y muchas veces una justicia complaciente que ignora la razonabilidad como parámetro de la medición de lo que es justo. Y si bien desde que existe la mediación como instancia debería haber cambiado algo, en Argentina este tema de la mediación es un tema que no está siendo tratado en forma interdisciplinaria y entonces pareciera que la mediación solamente la podrían estar ejerciendo los abogados, con lo cual de alguna manera se genera un círculo no virtuoso”, expresa el Presidente de OSIM.
El impacto que tiene la litigiosidad indebida en el sistema es verdaderamente catastrófico, ya que no solo produce daños directos sino que indirectamente genera en todo el sector incertidumbre e inseguridad. Según el Dr. Martínez, “es que con la legislación hoy vigente en la argentina, que evidentemente contribuye al impulso de la litigiosidad indebida, el sistema de salud ha debido sobrevivir sin poder contratar pólizas de seguros de  responsabilidad profesional ya que las compañías decidieron retirarse del mercado, y las escasas que hoy hay en el mercado, ofrecen productos de costos sumamente elevados que hacen prácticamente imposible su contratación. Según un informe elaborado por ISALUD, sólo los juicios por mala praxis pueden quitar unos 4.400 millones de pesos al sistema de salud de la Argentina en el período 2000 a 2010. A ello hay que sumar la desviación de recursos que se produce por la judicialización de las prestaciones que está lejos de proteger la medicina basada en la evidencia y sólo consagra un interés particular, muchas veces hasta caprichoso”.

Consecuencias

Las principales consecuencias en los profesionales médicos es que ejercen una medicina defensiva, con un alto grado de sobrecosto en los estudios y prácticas, con el fin de evitar cualquier tipo de cuestionamiento. A su vez, los pacientes son mirados como potenciales demandantes, lo cual hace que la relación médico-paciente tenga desde el inicio un fuerte obstáculo de difícil superación. Esta deficiente relación médico-paciente hace que se potencialice aún más los posibles reclamos por cuanto el paciente siente la necesaria falta de contención y  comprensión que busca en este tipo de relación.
Las Obras Sociales y los centros médicos desarrollan programas de prevención con el objeto de disminuir al máximo posible aquellas cuestiones que puedan dar sustento a un futuro reclamo por responsabilidad profesional. Por otra parte, contratan seguros que cubran dicho riesgos o generan mecanismos de autoaseguramiento que les permita hacer frente a eventuales reclamos por mala praxis. El Dr. Martínez continúa: “Además, las Obras Sociales pueden acudir al Grupo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, para solicitar opinión respecto de la utilización de tecnologías sanitarias y distintas prácticas, y su eficacia para el tratamiento de determinadas patologías, todo ello sobre la base de una medicina basada en la evidencia. Esto les permite tener una opinión calificada de la Autoridad de Aplicación, que es sumamente útil para los Magistrados al momento de decidir la procedencia de un amparo para otorgar o no una prestación. Lamentablemente, el Poder Judicial no recurre a esta opinión científica, como condición previa para dictar una resolución judicial, ni tampoco le otorgan carácter vinculante a ese dictamen”.

Necesidad de cambio

Según el legista, “algunos cambios son necesarios. Para ello, se propugnan como políticas a llevarse a cabo reformas legislativas al código civil, procesal civil y comercial, código penal; limitar cuantitativamente los montos indemnizatorios, es decir, de la misma forma que en riesgos de trabajo hay un monto máximo, es importante que existan montos máximos también en esta área para poner un límite a la demanda y reducir los costos de las pólizas de seguro. También es necesario determinar la obligatoriedad del informe técnico científico para generar un sistema previo al inicio de una acción para darle cierto carácter de seriedad al reclamo; establecer el agotamiento de la vía administrativa previa en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, previo al inicio de un amparo; o formar convicción en el Poder Judicial de las consecuencias que generan las resoluciones judiciales en los medios de financiación que tiene el sistema de la seguridad social”. 
El acta de Pilar, suscripta por 36 entidades representativas del sector salud en sus diferentes roles en Octubre del 2002, exhortó a los poderes del Estado a producir los cambios imprescindibles para modificar la problemática de las acciones judiciales que llevan a la progresiva desfinanciación y destrucción del sistema de salud. A partir de allí, las entidades firmantes desarrollaron numerosas y distintas actividades para lograr los objetivos propuestos.
“Ante toda acción judicial siempre hay un instituto que debe reasegurar los estadios económicos. Ni los pacientes ni los médicos tienen las posibilidades económicas de asegurar un siniestro, por eso existe el instituto del seguro. Los seguros de hoy de mala praxis en Argentina no los están queriendo tomar, las pólizas son muy costosas porque hay una verdadera actividad paralela sobre los médicos y las instituciones que hacen que los seguros sean muy caros. Y por lo tanto, hay algunas compañías a quienes ni siquiera les interesa entrar en ese negocio. Porque por ejemplo al contratar un seguro habría que hacerlo por diez o doce años porque en la Argentina la prescripción es de diez o doce años. Esto quiere decir que la causa puede comenzarse en los diez a doce años del hecho. Es largo, máxime en un contrato donde no hay nada escrito, el contrato de relación entre el médico y el paciente no está escrito en ningún lado, entonces no hay pruebas, los peritos deben recurrir a evidencias no científicas, a la memoria del paciente y del médico, a la memoria de la clínica. Una de las reformas que estamos pidiendo al legislativo es que esto no puede ser”, sostiene enfáticamente el Dr. Martínez, también Vicepresidente de Obras Sociales de Dirección.
Hay además, algunos elementos a tener en cuenta. El beneficio de litigar sin gastos no debe resultar un escudo de protección para aquellos que indebidamente y sin causa pretenden obtener un rédito económico a través de una aventura judicial. “No puede continuar concediéndose un “bill de indemnidad” a quienes obtengan tal beneficio y soliciten la designación de varios peritos, ya que su responsabilidad por los gastos que se ocasionan no se ve comprometida. Si bien hoy existe un límite máximo de las costas del 25 %, ello no constituye un obstáculo para aquel litigante inescrupuloso que promueve una demanda varias veces millonaria, y  pretende mediante la designación de varios expertos negociar el reclamo por montos menores en atención al monto de las costas”, expone el Dr. Horacio Martínez. Aún así, el vencedor en el pleito termina viendo comprometida su responsabilidad en el pago de las costas por sumas excesivamente elevadas aún habiendo obtenido sentencia a su favor.
Por otra parte, sin dudas la reducción del actual plazo de prescripción decenal, es decir a los 10 años, resulta beneficioso para ambas partes, tanto el presuntamente afectado por la mala praxis como para los responsables de tal ejercicio profesional. “Si bien es cierto que la doctrina y jurisprudencia se han inclinado por establecer que la responsabilidad profesional es contractual ya que las partes celebran un contrato, excepto el caso de estado de inconciencia, no menos cierto es que dicho contrato la mayoría de las veces no se instrumenta por escrito. Entonces al no existir documentación, la prueba es muy volátil, los testigos olvidan los hechos y a los peritos les resulta, a medida que pasa el tiempo, difícil expedirse acerca de las situaciones planteadas y eventualmente reconstruir los hechos. Además, el plazo de prescripción decenal influye negativamente en las condiciones de contratación de las pólizas de seguros que normalmente se contratan anualmente y el asegurador fija el precio de la póliza en el momento de la venta pero a partir de esto debe indudablemente mantener indemne al asegurado por un monto que se fijará quizás hasta 12 o 15 años después, lo que hace que cualquier cálculo actuarial resulte inoperante”, concluye el abogado.
Según él, “ante esta situación por la  que atraviesa la salud en la Argentina, se debe hacer participar a las sociedades científicas para lograr que mediante un trabajo interdisciplinario se pueda dar solución a este grave problema, revistiendo a los informes técnicos del mayor rigor científico de forma tal que la decisión judicial tenga un basamento profundo en la ciencia médica”.
El Dr. Martínez reconoce que hay un negocio. “La Argentina es considerado un país donde somos muy audaces y somos capaces de generar una riqueza muy especial. El negocio es generar honorarios de peritos, honorarios de abogados, definitivamente una carga y un costo judicial que termina pagando el sistema de salud. Entre el 2001 y el 2008 hay 4500 millones de pesos que se van a estar gastando solamente en litigiosidad indebida. Esto es dinero que no va al paciente sino gastos que nadie reconoció que hubo un daño, solamente el 20 o 25% dan que hubo realmente un daño cierto. Nosotros lo que pedimos es que si realmente se produce un daño haya un tiempo determinado lógico para que uno lo analice y que haya una base científica y esa base científica debe ser ponderada y analizada antes de que se convierta en conflicto judicial irremediable”, dice.
Hace tiempo que ya con la aprobación de la Cámara de Diputados, los prestadores esperan la aprobación de un proyecto que reduce el plazo para la realización de demandas de 10 a 4 años y tal vez pudiera ser ese el primer paso para tomar conciencia del riesgo que todo esto implica para el sistema de salud, para los médicos y para la gente y así comenzar a resolver este problema que termina siendo perjudicial para aquellos a quienes intenta proteger.

Fuente: Sentirypensar.com.ar



 
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